Por: Luis Aliaga
Ad portas del inicio del año escolar nos encontramos con una tragedia que ha dejado media docena de personas muertas y casi un centenar de personas heridas, con diferentes niveles de gravedad, entre niños y adultos, e incluso una familia completa de tres miembros. El desplome de una estructura del techo de un patio de comidas de un concurrido mall en el norte de nuestro país. En estos momentos que escribimos esta nota se vienen buscando explicaciones y responsables ante este hecho lamentable, veremos en el tiempo qué respuestas encontramos a ello.
Este hecho luctuoso nos debe llevar a la reflexión y a la acción frente a tantos colegios que abren anualmente sus aulas a muchos niños y jóvenes sin tener las condiciones mínimas de infraestructura y seguridad, descontando otros aspectos que en esta ocasión no tocaré.
La revisión permanente en cualquier centro de estudios formalmente constituido es una práctica que entendemos, se está haciendo común. Sin embargo, en los llamados colegios de bajo costo, que funcionan en ambientes no preparados para brindar el servicio educativo en las condiciones necesarias, llámese mobiliario, espacios de recreación, espacios para la práctica del deporte, ventilación, entro otros, no hace más que preguntarnos ¿Cómo funcionan estos colegios? ¿Cómo logran obtener la licencia o permiso para funcionar?
Nuevamente, las respuestas a estas y otras preguntas pululan en el imaginario de cada uno de nosotros. Las autoridades del país a todo nivel no gestionan adecuadamente, de lo contrario no estaríamos comentando este escenario educativo.
No es posible que dejemos a la providencia, la vida y salud de tantos seres humanos, entre estudiantes y maestros que estudiando y trabajando en estos colegios de bajo costo están expuestos a una desgracia. No esperemos que ocurra una en nuestras escuelas del país, para sobresaltarnos y buscar culpables o responsables cuando esto se puede evitar.
Estas escuelas de bajo costo son escuelas privadas en donde los padres de familia pagan una pensión, que siendo muy baja constituye un pago para que les brinden un buen servicio a sus hijos. En este caso es un promotor particular quien debe responder. Y en las escuelas públicas que tienen situaciones similares ¿Quién debe responder?
Son los poderes del estado y sus instituciones los llamados a “ponerse los pantalones” y hacer bien su tarea, seguiremos alertando en lo posible des situaciones como estas a fin de evidenciar lo que no se ve o no se quiere ver.
Lima, 25 de febrero del 2025.
